Ciudadanos han documentado casos en los que avanzan con la sirena de emergencia pero al llegar a su destino esta no existe.

Accidentes como este, sucedido la semana que termina, es bastante frecuente entre las 25 ambulancias que circulan cada día por la ciudad. El hecho ocurrió en el barrio Tomás Uribe Uribe por el acelere del vehículo por llegar a cubrir una emergencia.

En la Oficina Asesora Jurídica del municipio permanece aún en estudio un proyecto de Decreto mediante el cual se busca regular el tránsito descontrolado de las ambulancias por la ciudad. El articulado fue puesto a consideración de esa oficina desde mediados del año anterior ante las múltiples quejas ciudadanas en relación con la zozobra y el riesgo que generan las ambulancias en las calles tulueñas.

Voceros de la comunidad sostienen que son múltiples los casos en que las ambulancias avanzan veloces con su sirena encendida, como si fueran a atender alguna emergencia y, al ser seguidas, terminan en una IPS céntrica sin que del vehículo sea bajado paciente alguno.

Agregan que no son pocos los casos en los que la premura de los vehículos asistenciales generan percances por cuanto conductores de motos y hasta transeúntes terminan accidentándose por darle vía a la ambulancia o, en el peor de los casos, son las mismas ambulancias las que, por una emergencia falsa, arrollan a los ciudadanos en su alocada carrera por una urgencia que no existe.

Otra situación que se espera se erradique definitivamente son las discusiones entre los conductores de las ambulancias en relación con la prelación en cuanto al orden de llegada, hecho que podría ser eliminada con la existencia de una fuente de regulación.

La medida fue recordada esta semana al entrar en vigencia en Bogotá un Decreto mediante el cual se regula la prestación del servicio de estos vehículos, buscando con ello acabar con lo que denominaron «la guerra del Soat».

En Tuluá el servicio de atención de emergencias por accidentes lo prestan 25 ambulancias que, según denuncias ciudadanas, llevan a los pacientes siempre al mismo centro asistencial, casi sin atender las peticiones de los heridos o sus familiares sobre la IPS de su preferencia.

El Decreto que estudia la Oficina Jurídica Municipal propone la creación de una central de despacho desde donde se dispondría la atención de las emergencias según el sitio en que se encuentren las ambulancias que deben poseer un sistema de GPS o georreferenciación para conocer su ubicación en tiempo real.
La violación a la norma municipal le acarrearía a la empresa propietaria de la ambulancia una sanción correspondiente a tres días de inmovilización y la apertura de un proceso.

Según se estableció, un argumento que no ha permitido la aprobación del proyecto de Decreto es el derecho a la vida y el derecho al trabajo, dos elementos que permiten que varias ambulancias vayan a un mismo sitio en caso de un accidente.

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