Instituciones prestadoras de salud como el hospital departamental Tomás Uribe Uribe y las clínicas San Francisco y Mariángel podrían por fin cobrar los millonarios recursos que les deben Coomeva y otras EPS si se cumple un fallo reciente en el que un Tribunal Superior condena a la Superintendencia de Salud a pagar 85 mil millones de pesos a varias EPS que la demandaron.

Ante esa jurisprudencia, las tres casas de salud de Tuluá podrían entrar en el litigio y proceder al cobro jurídico que les permitiría aliviar sus cargas salariales, prestacionales y de proveedores.

El caso surgió esta semana cuando el Tribunal Superior de Barranquilla condenó a la Supersalud a pagar la cifra aludida a 36 IPS del país por cuenta de pagos dejados de hacer por parte de las EPS Selvasalud, Salud Cóndor, Solsalud, Calisa-lud, Golden Group y Humana Vivir.

El fallo se da en momento en que el viceministro de Salud, Iván González anunció que está en marcha un análisis a las medidas que se han tomado contra 22 EPS del país para determinar si deben ser liquidadas. En el listado aparece Coomeva, entidad que en Tuluá arropa a cerca de 35 mil usuarios.

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