Los defensores públicos del país entraron en una etapa de protesta desde el pasado miércoles con un plantón, pues temen que el concurso convocado por el Defensor del Pueblo a nivel nacional, deslegitime y termine sacando a muchos de los abogados de oficio que apoderan a personas de escasos recursos.

Gladys Jiménez, vocera de los defensores públicos en Tuluá, indicó que esta actividad liderada por los doce defensores contratados para la Villa de Céspedes, pretende rechazar el concurso contratado a fines de 2018 con la Universidad Nacional, además de exigir el pago de los sueldos de los meses de diciembre y enero.

«No le tenemos miedo al concurso, estamos bien preparados para enfrentarlo, pero no se puede decir que es para contratar con idoneidad, ¿acaso los que llevamos 8, 10 y hasta 20 años como defensores públicos no somos idóneos?» se preguntó la abogada Jiménez.

El día miércoles fueron canceladas cerca de 25 audiencias que deberán ser reprogramas por los juristas en un plazo no superior a tres meses.

La protesta de los defensores públicos estuvo apoyada en Tuluá por jueces de la república y el sindicato de la rama judicial.

Finalmente indicaron los líderes del plantón que a nivel nacional y regional continuarán las mesas de trabajo en busca de una solución al conflicto.

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