De nuevo, como en años anteriores, el panorama político vuelve a agitarse ante la posibilidad de que los actuales alcaldes y gobernadores del país amplíen su periodo constitucional para igualarlo con la terminación del mandato de presidente de la república, Iván Duque Márquez, en agosto de 2022

La turbulencia fue más fuerte esta semana cuando la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se encuentra la propuesta actualmente, votó afirmativamente con 22 votos contra 8.
El debate fue matizado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien, en uno es su habituales tuiters, dijo que no estaba de acuerdo con la idea y, en su lugar, propuso la reelección inmediata de los actuales mandatarios locales y regionales.

Históricamente la idea no es nueva, siendo el intento más reciente hace cuatro años cuando el presidente Juan Manuel Santos hizo idéntica proposición al Congreso pero en aquella ocasión la iniciativa se ahogó rápidamente con argumentos como el del senador Horacio Serpa, quien manifestó que era irregular, extemporánea, inconveniente, incoherente e inconstitucional.

La elección popular de alcaldes data de 1988 cuando se eligieron los primeros mandatarios locales, el 13 de marzo de ese año, en cumplimiento del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986. En esa ocasión se eligieron 1009 alcaldes locales por un periodo de dos años.
Tres años después, con la promulgación de la reforma constitucional de 1991, el periodo de los alcaldes se extendió a tres años y se autorizó la elección por voto popular de gobernadores.

Más adelante, en el 2002, se expidió el Acto Legislativo 02 que permitía la ampliación de los periodos de alcaldes y gobernadores a cuatro años, siendo la primera elección en octubre de 2003 con posesión el 1 de enero de 2004.

La suerte del proyecto, que reformaría la Constitución Política, tendrá momentos cruciales en lo que resta del año cuando llegue a la plenaria de la Cámara, pero su prueba de fuego será el año próximo cuando pase al Senado, donde deberá surtir los mismos ocho debates que se realizan en la Cámara baja.
La posibilidad de que el período actual de los alcaldes sea ampliado dos años y medio más, también ha levantado toda suerte de comentarios y reacciones entre los tulueños, algunos con voces a favor y otros en contra.

Por ello, EL TABLOIDE auscultó el pensamiento de los cinco candidatos que actualmente están en la palestra en procura de llegar a alcaldía de Tuluá.

«No como candidato sino como abogado constitucionalista, estoy convencido de que la iniciativa que cursa actualmente en el congreso es contraria a la Constitución Política y viola la voluntad del constituyente primario que es el pueblo. Este constituyente primario es soberano y eligió en su momento a su alcalde por cuatro años y no por seis. De la misma manera creo que el constituyente delegado, en este caso el Congreso de la República, no puede modificar esa voluntad popular. Tampoco comparto la unificación de períodos, pues esto iría en contra de la autonomía territorial.

 

LUIS F. OCAMPO G.

 

«Estoy en total desacuerdo con esta propuesta porque el pueblo eligió a los actuales alcaldes por cuatro años y los períodos largos se convierten fácilmente en dictaduras; además ello le quita participación a los partidos políticos. Mi concepto es igual si los alcaldes han resultado eficientes o malos, no debe violentarse el querer del ciudadano que eligió por un lapso determinado. En cuanto al debate que se está generando, creo que es necesaria la participación ciudadana pero yo no me voy a desgastar porque mi candidatura es para estas elecciones y no para dentro de dos años y medio».

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RODOLFO RAMÍREZ A.

 

«Para mí esa es una cortina de humo que se está tendiendo desde el alto gobierno para bajarle el tono al debate que se le está siguiendo en el Congreso al ministro Alberto Carrasquilla. Esta no es la primera vez que se hace una propuesta de este tipo y no ha avanzado. Me llama la atención que si se quisiera adelantar un debate serio, habría entrado desde el principio en el proyecto de ley porque es raro que una reforma constitucional de esa naturaleza entre con tres artículos con una temática muy marcada. Eso no es más que una forma de bajarle el tono a la problemática del presidente en el Congreso».

 

 

MARCO A. ARBELÁEZ V.

 

«Me parece una propuesta bien intencionada y positiva para el erario público porque significa un ahorro para el Estado, pero soy consciente de que aún faltan debates, la discusión grande todavía falta en el Congreso, aunque la votación de la Cámara fue contundente. Para los alcaldes y gobernadores actuales debe ser muy positivo porque les permitiría evolucionar sus proyectos a largo plazo. Pero está también el escenario constitucional porque los actuales gobernantes fueron elegidos para un periodo fijo y los planes de desarrollo que se formularon para cuatro años ya están aprobados».

 

 

ELIECID ÁVILA ÁVILA

 

«De momento me parece bueno para Tuluá porque sería casi un periodo más en el que se podrían desarrollar más obras. A Tuluá le convendría porque aquí hay obras importantes que se podrían prolongar y terminar. En cuanto a nosotros como candidatos no habría el desgaste que supone una campaña, aunque en dos o tres años más los conceptos pueden cambiar, se pueden sumar más candidatos; es decir aún falta tiempo. Desde el punto de vista político yo lo que veo es un interés muy marcado por parte del Centro Democrático que sería el partido más interesado en que eso se dé.

 

 

Dilian Francisca Toro

“Yo no estaría de acuerdo porque uno llegó aquí para 4 años, lo eligieron para 4 años, tenemos un Plan de Desarrollo para 4 años y, por supuesto, el próximo año estamos cumpliendo nuestro Plan de Desarrollo. Sin embargo, considero que la unificación del periodo de los mandatarios locales y regionales con el del Presidente de la República, tiene ventajas; por ejemplo que el Plan de Desarrollo con el gobierno nacional sería mucho más articulado, el que podamos lograr que no haya tantos recursos que se utilicen para las elecciones, que además son elecciones cada 2 años, y son 2 años en los cuales tenemos ley de garantías. Lógicamente es importante para poder terminar o culminar los proyectos, porque cuando uno llega no hay proyectos, tiene que hacer los diseños y eso lleva su tiempo, entonces por eso sería bueno. Lo que decida el Congreso: yo soy muy respetuosa de los poderes públicos, si el Congreso decide pues aquí estaremos trabajando todos los días por los vallecaucanos, trabajando de corazón, trabajando con amor”.

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