…En los últimos días han sido públicos en Tuluá varios fallos en acciones de tutela que protegen a los tulueños…”.

El gran adelanto democrático de Colombia en las últimas décadas es la acción de tutela, mecanismo de participación ciudadana que nació en la Constitución del año 1991; y está diseñado para que mediante un escrito sencillo, ante cualquier juez del país y con un procedimiento sumario los ciudadanos puedan reclamar la protección de sus derechos fundamentales.

La acción de tutela se ha convertido en muchas ocasiones en la manera de combatir las decisiones arbitrarias e ilegales tomadas por funcionarios irrespetuosos del ordenamiento legal. Al principio era utilizada básicamente en reclamos al sector salud pero con el tiempo los colombianos hemos aprendido a defendernos de los abusos de poder mediante este instrumento judicial. Cuando son reiterativos los fallos judiciales en contra de los empleados públicos emitidos por jueces mediante acciones de tutela se demuestra la ineptitud de los funcionarios o la intención de pisotear los derechos de las gentes.

Cuando una persona toma posesión de un cargo público la primera obligación es prestar juramento de respetar la ley y la Constitución. Ese juramento no es un juego, es el sometimiento del empleado al orden legal que se establece para el desempeño del cargo. Al irrespetar esa ley y esa Constitución muchas veces no solo se violan derechos de los gobernados sino que se adentra en la violación a normas penales y disciplinarias que terminan con escándalos de corrupción como los que hoy azotan al país.

En los últimos días han sido públicos en Tuluá varios fallos en acciones de tutela que protegen a los tulueños de errores y abusos de funcionarios del orden municipal. El más reciente es la protección de los derechos de los desplazados de las montañas que habitan en la ralladora de yuca, independientemente de las razones por las que no han salido de allí, esas familias estuvieron a punto de ser revictimizadas por una decisión municipal, iban a desalojarlos sin resolver de fondo su situación. Se necesitó la intervención de organismos de control de orden nacional para su protección y posteriormente la sentencia de un juez de tutela.

Así mismo sucedió con el tema de la intención de demoler las gradas de los antejardines de cientos de familias, entre otros fallos que han salido en defensa de los ciudadanos y en contra de las decisiones ilegales de funcionarios irresponsables, que ojalá entiendan que deben respetar las normas antes de que los fallos en su contra salgan de las tutelas y alcancen el campo penal y disciplinario.

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