“…la sentencia además ordenó realizar obras de modernización y repotenciación de la galería…”.

Se dice que la torre de babel se destruyó porque sus constructores fueron castigados por Dios como consecuencia de su egoísmo y ambición desmedida, la forma fue haciendo que cada uno hablara idiomas diferentes. Al parecer es lo que está pasando en la administración municipal; los empleados públicos hablan y dan ordenes contradictorias a los tulueños, hace poco mediante escrito uno de ellos acusó a los comerciantes de jugos de la orilla del río parque Céspedes de ser ocupantes indebidos del espacio público y les solicitó entregar el sitio. Posteriormente, otro de mayor jerarquía lo desautorizó, se echó para atrás y mediante otro escrito dijo que debían reacomodar las mesas y sillas; al mismo tiempo otro dijo por escrito que no había ningún plan con el sitio y podíamos los tulueños seguir disfrutando de el.

Tres órdenes diferentes al mismo tiempo. En otro caso, también en contra de los comerciantes de Tuluá, un fallo judicial le ordena a la administración adelantar los estudios técnicos que determinen si es verdad que se requiere derrumbar la galería, pues los funcionarios habían dicho por escrito y en medios de comunicación que un estudio lo había determinado. Mintieron, pues no han realizado tal estudio y así lo determinó la sentencia que además ordenó realizar obras de modernización y repotenciación de la galería sin afectar los derechos de los comerciantes.

En otras oportunidades hablan de transparencia en el manejo de los recursos, pero el hospital municipal es víctima de atropellos en contra del personal médico y asistencial que afecta directamente a los usuarios del régimen subsidiado, se habla de pulcritud, pero se ejecutan obras sin acatar las normas que rigen la materia en Colombia lo que ha provocado un sin número de investigaciones disciplinarias y penales tal vez como nunca en la historia de Tuluá. Una verdadera torre de babel donde hay informaciones falsas dadas a la comunidad, contradicciones y desautorizaciones de parte de los mismos empleados públicos. Lo más grave es que con estas actuaciones indelicadas se afectan los derechos de los comerciantes a la estabilidad de sus empresas y a su mínimo vital, se afectan derechos en general como la salud y a la calidad de las obras que se construyen con los sagrados recursos públicos.

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