El Senado aprobó esta ley estatutaria que contiene 164 artículos y que pondrá en marcha el nuevo tribunal al que acudirán exintegrantes de las FARC, Agentes del Estado y civiles de manera voluntaria.

Después de 11 horas de un intenso debate la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz que pondrá en marcha todo el andamiaje de este nuevo tribunal que empezará a funcionar desde el próximo año.

En total fueron 164 artículos que se debatieron en la sesión en la que por fin se logró mantener el quórum y con la participación del Partido Conservador, Cambio Radical y en algunos artículos la del Centro Democrático.

La participación en política de los exintegrantes de las FARC quedó tal cual como lo ordenó la Corte Constitucional, es decir deberán presentarse primero al nuevo tribunal para demostrar su interés de comparecer y de ahí se definirá si hay o no incompatibilidad para ejercer cargos públicos.

“Las triunfadoras son las víctimas del conflicto. Quedó establecido que debe haber un compromiso de comparecencia y las sanciones de la JEP no los inhabilitarán para el ejercicio de la política. Cuando haya cárcel pues no podrán estar en cargos públicos. El secretario ejecutivo de la JEP certificará esta comparecencia”, dijo el ministro del interior Guillermo Rivera.

Dentro del articulado también se aprobó un régimen de inhabilidades para los 51 magistrados que integrarán la JEP, esta proposición fue liderada por Cambio Radicaly sencillamente consiste en que se impediría la posesión de estas personas si ha ocurrido lo siguiente.

“Haber litigado, durante los 5 años anteriores, en causa propia o ajena a favor o en contra del Estado, haber generado demandas en contra o a favor del Estado, haber representado a grupos de derechos humanos de derechos humanos en contra de intereses del Estado por ejemplo”, dijo Germán Varón Cotrino.

Sin embargo las opiniones personales de los magistrados de la JEP que hayan expresado en el pasado no serán consideradas como inhabilidades, pero sí como impedimentos para estar al frente de un caso.

Otro punto aprobado fue el de la posibilidad de que los condenados por parapolítica puedan recuperar sus derechos políticos siempre y cuando aporten verdad, justicia y reparación. Sin embargo se aclaró que paramilitares sometidos a la Ley de Justicia y Paz no podrán someterse a la JEP.

“Hay que permitir que se conozcan los dos lados de la historia y por eso es positivo ese artículo. Los condenados por parapolítica podrían hacer política de nuevo y así lo ratificó el fallo de la Corte Constitucional, sencillamente es evitar que haya arbitrariedades en este tema”, explicó Juan Diego Gómez del Partido Conservador.

Entre tanto el ministro de defensa Luis Carlos Villegas aseguró al finalizar el debate que, por lo menos, en lo referente a la Fuerza Pública queda satisfecho con lo aprobado. “Se han hecho mejoras a varios puntos, pero en general creo que se dio un paso inmenso para consolidar la paz en Colombia. Quedo totalmente satisfecho y plena tranquilidad con lo aprobado porque así quedó acordado, esperamos que el último debate sea mucho más expedito”.

La novedad en el articulado fue una propuesta, aprobada por la plenaria, de la senadora Maritza Martínez del Partido de La U para garantizar los derechos de los menores de edad. Serán excluidos de la JEP los delitos sexuales contra jóvenes aunque esto no quitará los derechos políticos.

“El nuevo tribunal determinará muchos temas referentes con este tipo de delitos. Sencillamente garantizamos que quienes tengan acusaciones por delitos contra menores no tengan una pena de cinco años”, dijo la legisladora.

El senador Iván Cepeda criticó la aprobación de un artículo que fija la comparecencia a la JEP de los civiles que hayan tenido relación con el conflicto únicamente de manera voluntaria. “Quiero alertar que estas personas quedarán expuestas a que la Corte Penal Internacional tome competencia sobre sus casos en Colombia”.

El presidente del Senado Efraín Cepeda calificó como positivo el debate que se presentó y resaltó que el fallo de la Corte Constitucional aclaró el panorama en la plenaria que resolvieron varias inquietudes que había en las bancadas.

Ahora esta iniciativa pasará a la plenaria de la Cámara en donde deberá superar un debate más para pasar a la revisión constitucional. Esto deberá ocurrir antes del 30 noviembre ya que en esa fecha vencerá la vigencia del ‘Fast Track’.

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