“…Nadie quiere que se repita la historia, pero inició este proceso macabro que ocurre en distintos lugares del país…”.

El Valle del Cauca ocupa el tercer lugar en casos de asesinatos de líderes sociales en el país durante el presente año toda vez que suman 16 víctimas y que por supuesto tiene preocupados no solo a las autoridades, sino también a todos los defensores de los derechos humanos que claman una y otra vez para que el gobierno les brinde plena seguridad y ofrezca garantías de ejercer su derecho en todo el territorio nacional, en donde también están amenazados cerca de 500, lo cual no se compadece con el proyecto de paz que se ha trazado el gobierno, apoyado por el espectro político internacional y por la gran mayoría de colombianos.

Y es un fenómeno que ensombrece el panorama nacional cuando se teme en el posible regreso a esas horas tenebrosas de años atrás, cuando se presentaron miles de víctimas que obedecían a lo que se llamó “limpieza social” y tristemente caían y caían no solo los mendigos de la calle, sino también hombres y mujeres que trabajaban por la justicia social y la defensa de los derechos humanos con el asentimiento silencioso de una gran mayoría de población que observaron inermes el correr de ríos de sangre a lo largo y ancho del territorio nacional. Nadie quiere ahora que se repita la historia, pero parece ser que se inicia este proceso macabro que ocurre paulatinamente en distintos lugares del país, mientras que las posibles víctimas claman por su seguridad y libertad de movilización durante su trabajo diario, lo que conduce a pensar que se hace necesario tomar medidas urgentes para dar una respuesta eficaz a quienes así lo demandan.

Todos somos conscientes de que atravesamos por un período crítico sobre los acuerdos de paz, toda vez que el gobierno que asumirá el poder para el próximo cuatrenio, quiere hacer algunas modificaciones o ajustes a lo acordado en La Habana, a lo cual existe resistencia por los mismos desmovilizados y se espera que se presenten intensos debates en el Congreso de la República al respecto. Es preciso, que si estamos en una democracia, de lo cual se dieron signos evidentes en las pasadas elecciones, se otorgue plenas garantías a los defensores de los derechos humanos y a los líderes sociales de cualquier tendencia política y se acabe de una vez por todas, con la manía de pensar que toda persona que reclama justicia social se convierte en un apátrida enemigo de la democracia y del gobierno de turno.

No es posible que regresemos a esas horas aciagas de la “mano negra” que comete los crímenes amparados en la oscuridad de la noche, aniquilando hombres, mujeres y hasta niños y que al final, todo queda envuelto en el manto de la impunidad. Tenemos plena confianza en que el nuevo gobierno que asumirá las riendas del país a partir del próximo siete de agosto, recoja en los mejores términos el anhelo de paz de todos los colombianos y brinde igualmente plenas garantías de su accionar a los líderes sociales que miran con razonada expectación, los tiempos que se avecinan despojados de dudas, incertidumbres y temores.

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