La contraloría departamental compulsaría copias de los hallazgos a la Procuraduría y la Fiscalía General Cauca, le sigue en el segundo lugar el departamento de Cauca, con un total de nueve menores afectados. Gerente de Infituluá se defiende señalando que su actuación obedece a conceptos de la misma Contraloría

Infituluá habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial por 1.090 millones de pesos.

La Contraloría Departamental del Valle reveló la existencia de dos hallazgos disciplinarios con presunta connotación disciplinaria, fiscal y penal, por 1.156 millones de pesos correspondientes a sendas audi-torías realizadas sobre el hospital municipal Rubén Cruz Vélez y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá.

En el caso del centro hospitalario, el informe del ente de control señala que el posible detrimento alcanza la suma de 66 millones 420 mil pesos.

Dato: Los hallazgos que también se hicieron en el hospital Rubén Cruz, suman 1.156 millones de pesos.

Agrega el informe que el presunto detrimento patrimonial tiene relación con la retención y recaudo de los valores correspondientes a las estampillas pro-Universidad del Valle, Pro-Uceva y Prohospitales, cobros autorizados mediante Ordenanza 397 de 2014 y Acuerdo 016 de 1991 emitido por el Concejo Municipal de Tuluá.

Esas mismas disposiciones rigen para los recaudos que, a juicio de la Contraloría Departamental, debía haber hecho Infituluá al que se endilga un presunto detrimento patrimonial por 1.090 millones de pesos, cifra que se obtiene de restar al valor liquidado de acuerdo a la contratación los valores declarados y pagados según fuente de soportes aportados por la entidad.

A juicio del ente de control departamental, «lo anterior, pudo haberse presentado por deficiencias en los procedimientos internos, falta de seguimiento y control que conllevó a que se omitiera las retenciones de las estampillas departamentales del Valle del Cauca, generando un alto riesgo en el manejo de los recursos públicos e incurriendo, presuntamente, en conductas disciplinarias.»

La Contraloría Departamental denunció un hallazgo por 66 millones de pesos en el hospital Rubén Cruz Vélez

En su relación de descargos, la Oficina Jurídica del hospital municipal Rubén Cruz Vélez precisó que la Ley ha facultado a los concejos Municipales para establecer dentro de su competencia la tarifa o porcentaje a cobrar por una estampilla determinada y que es de legal aplicación.

Con respecto a Infituluá, su gerente, Rodolfo Ramírez Álvarez, señaló que sus actuaciones han estado dentro del marco legal, ciñéndose a un concepto de la misma Contraloría Departamental en el que precisa que “La Administración Central debe acatar lo establecido en la Sentencia 538 del 2002 de la Corte Constitucional, la cual prohíbe y declara inexe-quible el cambio de estampillas por otro sistema de recaudo diferente a la misma; a su vez el concepto 0005435 de 2009 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual establece la prohibición de cambiar la estampilla por otro documento diferente a la misma”.

Con todo, la Contraloría Departamental corrió traslado de sendas copias del informe a la Gobernación del Valle y la Dirección Operativa de Control Fiscal para que se elaboren los respectivos planes de mejoramiento para lo cual se cuenta con un término de 15 días para remitirlo al mismo ente de control.

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