En un debate de control político se analizó la situación de los planteles educativos.  Los municipios no certificados del centro y norte del Valle son los más afectados con la problemática.

La Asamblea Departamental le solicitó a la Secretaría de Educación avanzar y culminar el proceso de legalización de los predios donde funcionan las 1.306 sedes educativas correspondientes a 149 instituciones de los 34 municipios no certificados. Este requisito es indispensable para poder acceder a recursos de inversión, máxime cuando en materia de infraestructura educativa el Valle del Cauca tiene un rezago de más de tres décadas.

“El panorama es demasiado preocupante porque la mayoría de instituciones están en estado de vulnerabilidad, no tienen estructuras sismo resistentes y se exponen a riesgos frente a cualquier fenómeno”, lamentó la diputada Diana Patricia Moreno Cetina, citante del debate de control político, quien sin embargo, destacó los avances en la legalización de las propiedades en procura de acceder a recursos de inversión, especialmente del orden nacional. “Lo que sí no tenemos, es un diagnóstico total de cuánto vale reparar todas las sedes educativas”, precisó.

“Hoy la infraestructura de nuestras instituciones educativas tiene un rezago en inversión de más de 30 años, situación que es crítica a nivel nacional con un retraso superior a los 40 años en cuanto a repotenciación de las sedes, lo cual demanda una inversión altísima” añadió.
De acuerdo con el funcionario, a la fecha se tienen 1.013 predios legalizados, 60 no están legalizados y de 233 se está en trámite o no hay datos.
Agregó que se ha logrado, en un proceso iniciado desde 2012, legalizar el 77% de las propiedades, reiterándole a los rectores que deben ponerse al día para poder obtener los beneficios del Ministerio de Educación con proyectos de Ley 21, Ley General de Regalías y con Recursos Propios.

 

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Grietas y techos rotos, los males de colegios con fallas de infraestructura.

Otras cifras

Explicó el funcionario que en el momento existen proyectos de inversión educativa en trámite para: Mejorar los ambientes escolares por el orden de los 558 millones de pesos, construcciones menores de reparación y mantenimiento por 14 mil millones, diagnóstico y mantenimiento de infraestructura con una inversión estimada de $ 370 millones.

Frente a las expectativas de inversión en infraestructura, el diputado Ramiro Rivera Villa llamó la atención sobre el hecho de que se podría invertir pero no en todos por falta de legalización.
“Urgimos a legalizar los predios, porque ninguna inversión se podrá ejecutar en casi 300 predios, se podría hacer solo en los demás, y no podemos olvidar que el Departamento es el papá de los municipios descertificados”, concluyó Rivera.

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