“…si le están cobrando los intereses con la tasa máxima de mora establecida lo están tumbando…”.

Los impuestos son una especie de ahorro común que hacemos los ciudadanos y cuando estos dineros entran a las cuentas de las entidades Estatales se convierten en erario, que no es más que los sagrados dineros públicos. De la gran cantidad de impuestos que existen en Colombia dos de ellos son para el funcionamiento de los municipios, el impuesto de industria y comercio que es responsabilidad de los empresarios y comerciantes y el impuesto predial que recae sobre todos los que tengan propiedad raíz. Las leyes establecen las tasas mínimas y máximas a cobrar en cada municipio y es el Concejo respectivo a iniciativa del alcalde quien define qué porcentaje se cobra en su jurisdicción.

Así mismo sucede con los intereses moratorios a cobrar cuando los ciudadanos se atrasan en el pago. Es obvio que hay que pagar los impuestos y que al retrasarse en el pago haya que pagar intereses, lo que no es legal, ni justo, es que los intereses por mora se cobren al máximo permitido o por encima de lo establecido en la ley. Usurero es aquel que cobra los intereses en un porcentaje por encima de lo establecido en las normas; la ley 819 de 2017 establece que los intereses de mora que se cobran por no pagar a tiempo los impuestos serán máximo dos puntos por debajo de la tasa establecida por la Superintendencia Bancaria, la DIAN mediante el concepto 5033 estableció que esta norma se aplica a deudas por vigencias anteriores al año 2017.

En otras palabras, si usted es moroso en el pago de impuestos no da derecho a que le cobren intereses moratorios de usura, revise la liquidación de los intereses trimestre a trimestre y pague lo justo y lo legal. Si le están cobrando los intereses con la tasa máxima de mora establecida por el gobierno lo están tumbando. Es necesario que la Secretaría de Hacienda, o la Contraloría municipal le demuestren a los tulueños si los cobros de intereses están ajustados a la ley o si por el contrario estamos frente a un gobierno usurero que en su afán de recaudo pasa por encima de normas y desconoce la difícil situación que afrontan los colombianos y de forma especial los comerciantes no solo persiguiéndolos y atropellándolos si no también cobrando intereses por fuera de la ley.

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