Los internos en Tuluá esperan mejorar sus condiciones de vida, avaladas por un juez en una tutela. Además las labores administrativas y de seguridad en el penal de la Villa de Céspedes solo son atendidas por 150 funcionarios.

La fotografía muestra las deplorables condiciones de hacinamiento en que permanecen los internos en uno de los pabellones de la cárcel.

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Tuluá sancionó con dos días de arresto al director nacional del Inpec, brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, por desacatar una acción de tutela que obliga a este funcionario a solucionar el grave problema de hacinamiento que se presenta en la Cárcel de Tuluá.
Además, la sentencia de primera instancia, obliga al funcionario a cancelar una multa de dos salarios mínimos mensuales como sanción adicional que deberá consignar a favor del Consejo Superior de la Judicatura y solucionar la situación en la Villa de Céspedes.

Según el personero delegado para el interes público de Tuluá, Alonso Montero Pardo, la decisión judicial obedece a una acción de tutela que fue interpuesta por varios internos de la cárcel de Tuluá el 17 de junio de 2013 y que hasta el momento no se ha cumplido, vulnerando derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

El Inpec construyó unas modernas instalaciones en un lote aledaño a la antigua Cárcel de Mediana Seguridad de Tuluá que fueron inauguradas por el expresidente Juan Manuel Santos el 29 de noviembre de 2017.

De acuerdo con las informaciones entregadas por el funcionario del Ministerio Público, la falta de personal para la vigilancia y control al interior del establecimiento carcelario, la no adecuación de algunos espacios como enfermería y laboratorios, la escasez de personal profesional para atender a los reclusos, y la no dotación de elementos tecnológicos, son algunas de las situaciones que han retrasado la descongestión de la cárcel antigua.

En la actualidad se cuenta con 150 funcionarios, de los cuales 20 cumplen funciones administrativas y una cifra igual, atiende las novedades administrativas, mientras que otros diez hombres deben encargarse de las remisiones a los diferentes juzgados. Los 100 hombres restantes cumplen labores de vigilancia pero en dos turnos, es decir a 50 hombres les corresponde cuidar 1.571 internos.

Se agrava la situación

Para el abogado Montero Pardo, el problema de hacinamiento en este centro carcelario es alto, y se hace más complejo por el traslado de cerca de 600 reclusos procedentes de las cárceles de Antioquia, Mocoa, Huila, Atlántico, Tumaco y Rolda-nillo, generando una superpoblación del 40% con respecto a la capacidad de esas instalaciones, que de 1.100 internos pasó a 1.571 reclusos, lo que está generando malestar entre los internos antiguos de la cárcel de Tuluá, que reclaman el cumplimiento de la ley y mejores condiciones de vida y atención.

“La situación es compleja, porque se ha pasado por encima de una decisión judicial, que hoy desencadena el incidente de desacato y que se ecuentra en revisión por parte del Tribunal Superior de Buga, de donde saldrá la ratificación o negación de la sentencia”.
Señala el jurista que de ratificarse la decisión del Juez Cuarto Penal del Circuito, además de los dos días de arresto y del pago de los dos salarios mínimos legales vigentes, se deberá cumplir con la sentencia de tutela que es solucionar el problema de hacinamiento, además que deberá enfrentar un proceso en la Fiscalía por el delito de fraude a resolusión judicial.

Otras tutelas

Otras acciones legales fueron instauradas por los reclusos que llegaron procedentes de otras ciudades para que cumplieran sus penas en la cárcel de Tuluá, ya que para ellos con estos traslados se les vulnera algunos derechos que ya tenían adquiridos como la prisión domiciliaria, el permiso de las 72 horas, ya que el arraigo familiar, que es uno de los principales puntos para otorgarla, no los tienen cerca, lo que llevaría a la negación.

Otras reclamaciones pasan por el sector salud. En la actualidad en el centro carcelario, solo se cuenta con dos médicos y dos enfermeras para atender una población promedio de 450 internos que requieran de atención médica por alguna circunstancia.

Los facultativos atienden pacientes de dos de la tarde hasta las diez de la noche de lunes a viernes, lo que no permite dar abasto en la atención, esto sumado a la falta de insumos médicos, no esta adecuada el área de laboratorios, tampoco la sala de rayos X en el área de imagenología y lo peor es que no hay camillas, solo se atiende con las cuatro viejas del antiguo pabellón.

Se conoció desde la Personería Municipal que para el próximo mes de octubre la empresa prestadora del servicio médico suscribiría un convenio con la clínica Mariángel, para la atención de los internos de la cárcel de Tuluá.

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