Cinco concejales en ejercicio y un diputado del Valle fueron afectados por el fallo judicial. EL proceso de carácter disciplinario llevaba seis años en los estrados judiciales.

Si se tuviera que buscar un referente de la lentitud del aparato judicial del país, bien podría acudirse al fallo que el pasado 9 de marzo profirió la Procuraduría Provincial de Pereira que suspendió por seis meses a los concejales de Tuluá que en enero de 2012 eligieron a la abogada Beatriz Eugenia Jiménez González a través del voto nominal y no secreto.

Desde ese momento, un grupo de ciudadanos emprendió una batalla jurídica pues consideraron que con la determinación de hacer público el voto se había violado el principio de cofidencialidad que prima en los procesos democráticos.
La suspensión que se da seis años después, cobija a los concejales en ejercicio Jorge Hernán Montes Victoria, Lléner Darío Borja Mafla, Consuelo Cifuentes Sánchez, Denny Osorio Villada, Luis Fernando Ocampo, Antonio José Gálviz y al actual diputado Jhon Jairo Caicedo Villegas.

También están inmersos en la sanción los exconcejales Hernán de Jesús Rendón, César Ariza, José Rodrigo García Monsalve, Ólmer Sánchez Duarte, Luis Fernando Pérez, Marcos Quintero Peña, Martha Cecilia Córdoba y Juan David Cruz.
En su momento los concejales demandados, a través de sus apoderados judiciales, manifestaron que el procedimiento de elección de la abogada Jiménez González se hizo ajustado al manual interno del cabildo que permite usar el voto nominal para elegir a los funcionarios que están dentro del régimen de elegibilidad de la Corporación.

Consultado sobre la decisión, el abogado Lléner Darío Borja señaló que en la segunda instancia que deberá surtirse ante la Procuraduría Regional de Risaralda, se mostrarán los argumentos que se tuvieron para votar públicamente.
“Cuando se lee la sentencia proferida por la Provincial de Pereira, se encuentran análisis muy subjetivos entre ellos que el voto nominal no se argumentó o que se había hablado de bancadas para la escogencia de la funcionaria y que al final no operaron, dos aspectos que fácilmente se pueden desvirtuar” dijo el concejal Borja Mafla.

Los demandantes

Llama la atención que este proceso judicial que lleva seis años en los despachos de la Procuraduría fue liderado por un grupo de ciudadanos que en el 2011 se presentaron como candidatos al concejo pero quedaron por fuera, entre ellos Horacio de Jesús Londoño, Fernando Urrea Tegüé, Heiber Padilla, el periodista Samuel Palacio Bolívar, Hernando Gordillo y el actual concejal Alexánder Agudelo Colorado.

No se han notificado

EL TABLOIDE pudo establecer que hasta el momento ninguno de los sancionados se ha notificado de la decisión de la Procuraduría de la Perla del Otún.
Una vez se cumpla con este paso, el
proceso pasará a la regional y en 30 días, el despacho deberá determinar si lo deja en firme, lo nulita, cambia la decisión o lo archiva.

De mantenerse la determinación, se produciría la llamada vacancia temporal y en tal sentido deberá la mesa directiva notificar a la Registraduría para que proceda a designar de la lista de elegibles de los cinco concejales que están en ejercicio y le corresponderá a la Asamblea Departamental actuar de la misma manera frente al diputado Jhon Jairo Caicedo.

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