El Tabloide

El campo se queda sin chivas, se encuentran inmovilizados por falta de pólizas de seguro

La Plazuela, sitio de cargue y descargue de los campesinos en Tuluá, permanece casi desierta ante la parálisis de las chivas afiliadas a Coopetrans. La situación urge una pronta solución.

Familias de los transportadores, sus ayudantes y cientos de campesinos son los directos afectados por la parálisis de este medio de transporte, el único que moviliza carga y pasajeros del campo a la ciudad.

La Plazuela, sitio de cargue y descargue de los campesinos en Tuluá, permanece casi desierta ante la parálisis de las chivas afiliadas a Coopetrans. La situación urge una pronta solución.

Un grave problema social enfrentan desde hace varios días los conductores de los buses escalera que transportan pasajeros hacia la montaña, afiliados a la empresa Coopetrans Tuluá, por la negativa de las aseguradoras de venderles las pólizas de seguro que les permitan cubrir sus rutas.

De acuerdo con uno de los motoristas de la empresa, son 14 los vehículos que desde hace ya casi dos semanas se encuentran parqueados en los talleres de la empresa en la ciudad, ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos.
Según el Decreto 4190 de 2007, las empresas que deseen operar el servicio público de transporte terrestre mixto, como se denominan las chivas, deben surtir un concurso reglamentado por el Ministerio del Transporte, mediante el cual se otorga un permiso por diez años prorrogables por seis años más al término del primero.

DATO: Los motoristas esperan el apoyo de las autoridades municipales y departamentales para darle pronta solución a la problemática.

Entre tanto, desde Coopetrans Tuluá se informó que se espera más flexibilidad del Ministerio por cuanto de esa decisión dependen tanto los transportadores como sus familias y cientos de campesinos que necesitan movilizar sus productos.
El vocero de los transportadores agregó que no son solo las familias de los motoristas los que están perjudicados sino también las de los ayudantes y mecánicos, lo que se convierte en alrededor de 30 familias afectadas.
“Queremos hacerle un llamado especial a la gobernadora, al señor alcalde, al secretario de Movilidad y los concejales para que intervengan ante las autoridades competentes y no se nos siga negando el derecho al trabajo” precisó finalmente.

Compartir: