José ignacio Arango Bernal, titular de la dependencia regional, dijo que hay entidades que han cobrado las estampillas pro univalle y pro hospital y no las han girado al departamento.

El Contralor Departamental, José Ignacio Arango Bernal, al centro, escuchó los planteamientos y denuncias de 33 ciudadanos que hicieron presencia en la Audiencia Pública del jueves.

Hallazgos en auditorías desarrolladas en dependencias como el hospital San Bernabé de Bugalagrande, el municipio de Riofrío y entidades como Infituluá y Emtuluá en la Villa de Céspedes, fueron los casos a los que el Contralor Departamental, José Ignacio Arango Bernal les dio mayor importancia durante la Audiencia Pública realizada en la ciudad el pasado jueves.

La jornada, que inició a las 8 de la mañana en el auditorio Gustavo Álvarez Gardeazábal de la Universidad Central del Valle, tuvo un total de 33 denuncias provenientes de veedores y ciudadanos de diez municipios del centro y norte del Valle que fueron convocados para la jornada.
Uno de los casos sobre los que más fue requerido Arango Bernal, tiene que ver con Infituluá y el hospital Rubén Cruz Velez, por el presunto detrimento patrimonial resultante de la retención de los valores correspondientes a las estampillas pro-Universidad del Valle, Pro-Uceva y Prohospitales, cuya investigación arrojó un hallazgo por $1.156 millones.

El funcionario también se refirió a la investigación que se adelantó sobre el hospital Tomás Uribe Uribe donde se hicieron una serie de hallazgos fiscales en una cifra aproximada a los $300 millones.
Igual sucedió con el hospital San Bernabé de Bugalagrande, donde un exsubgerente denunció una serie de irregularidades que dieron lugar a hallazgos por $357 millones.
Otras dependencias afectadas con las auditorías de la Contraloría Departamental son Acuavalle, el Centro de Diagnóstico de Cartago, el hospital Santa Ana y los municipios de Bolívar y Riofrío así como la Industria de Licores del Valle.

«Hoy hemos encontrado que la ciudadanía es feliz denunciando por las redes sociales pero a la hora de hacerlo antes los entes de control sentimos que no hay el suficiente valor. Por eso desarrollamos jornadas como esta, buscando que la gente se anime a denunciar» señaló el funcionario.
Agregó que todas las denuncias recibidas en la jornada del jueves, serán investigadas y aquellas que tengan incidencias penales, fiscales o disciplinarias se trasladarán a los organismos a los cuales les compete continuar los procedimientos.

“Nuestra función, además de adelantar las auditorías e investigar las denuncias sobre presuntos detrimentos patrimoniales, es recuperar los recursos que el Estado deja de percibir por las irregularidades de los funcionarios”, aseguró Arango Bernal.

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