El país debe 7,4 billones de pesos. Paga intereses igual a la tasa de mora de tarjetas de crédito. Cada año se pierden demandas por 2 billones de pesos, mientras que el dinero que se apropia para ese fin llega solo a 1 billón.

Todo el presupuesto del sector transporte de Colombia de este año podría cubrirse con la plata que el Estado debe por demandas en las que ha resultado condenado. El país tiene una deuda de 5,1 billones de pesos que, sumado a los intereses, alcanza los 7,4 billones.

Pese a que hoy Colombia gana más demandas de las que pierde, el número de reclamaciones crece exponencialmente. Hoy existen 387.005 procesos con pretensiones por 368,9 billones, sin tener en cuenta una acción de grupo por desplazamiento forzado que pretende una indemnización de 3.440 billones de pesos, cuatro veces el Producto Interno Bruto de Colombia del 2017.

Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, cada año se pierden demandas por 2 billones de pesos, mientras que el dinero que se apropia para ese fin llega solo a 1 billón. Y lo más grave es que los intereses que se le cobran al Estado son equivalentes a la tasa de mora comercial; la misma de las tarjetas de crédito, mientras que los títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno (TES) se emiten al 6 por ciento. 
Si bien es cierto que es obligación del Estado responderles a los ciudadanos cuando ha cometido una falta por acción u omisión, de acuerdo con la Agencia de Defensa el tema de las demandas se está desbordando por cuenta de incentivos que generan abusos. 

Luis Guillermo Vélez, director de la entidad, afirma que esos incentivos que fomentan la litigiosidad están en la ley y en la jurisprudencia y sus efectos son devastadores para la economía del país. Vélez llama la atención, por ejemplo, con respecto a las demandas por responsabilidad extracontractual del Estado y en particular sobre las reparaciones directas por privaciones injustas de la libertad, de las que hay en curso 16.640 demandas. 

“Se ha generado una jurisprudencia donde prácticamente se genera responsabilidad automática del Estado; es decir, un juez ordena la libertad de un atracador al que no condenaron por alguna razón, y argumentando que estuvo detenido sin condena casi que se asume la responsabilidad del Estado, y no hay que probar los daños, la existencia de nexo causal, afirma Vélez. 

Según cifras del sistema de información de la actividad litigiosa del Estado, el país resultó condenado en el 73 por ciento de los procesos de reparación directaestudiados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el 2017, de esos fallos, el 60 por ciento fueron por privación injusta de la libertad.

En los últimos dos años algunos magistrados del Consejo de Estado han desarrollado en sus fallos argumentos contra las indemnizaciones automáticas por privación de la libertad, por ejemplo negando reparaciones en casos de personas detenidas por abuso sexual de menores de edad en los que pese a que había indicios serios en contra de los presuntos victimarios, estos terminaron absueltos. 

Sin embargo, no existen sentencias de unificación al respecto y muchos jueces y magistrados siguen considerando que procede la indemnización obligatoriamente cuando la persona fue absuelta o se archivó la investigación porque no existió la conducta, no se configuró un delito o no se probó su responsabilidad, sin hacer análisis de fondo sobre los hechos.

Esos criterios han generado choques entre las cortes. De hecho, el alto tribunal constitucional ha venido tumbando fallos del Consejo de Estado. 

Más allá de eso, otro punto polémico de los litigios está en que entre el 30 y 40 por ciento del valor de las reparaciones no termina en manos de las víctimas sino de los abogados. Según la Agencia de Defensa son 27.000 abogados los que hoy litigan contra el Estado y se repartirían esas sumas millonarias.

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