los Concejales Gabriel Fontal Grisales y Carlos Alberto Londoño están seguros que con su determinación de reunirse en enero de 2016 no violaron norma alguna. Entre los investigados hay dos precandidatos a la alcaldía.

No paran las discusiones y confrontaciones políticas en la Ciudad Señora de Colombia y en esta ocasión el conflicto lo genera una determinación de la Procuraduría General que remitió a la Fiscalía el expediente que involucra a siete concejales en ejercicio y tres que cumplieron sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2015.

Para el ente que investiga los asuntos de índole disciplinario, hay argumentos que podrían llevar a pensar que los dirigentes, José Arlex Brand, Diego León Castro, Jorge Iván Escobar, Gabriel Fontal Grisales, Carlos Erlid González, Carlos Alberto Londoño, Álvaro de Jesús Marín, Raúl Salcedo Cardona, Jaiver Sarria y José Lubiardo Valencia habrían incurrido en los presuntos delitos de usurpación y extralimitación de funciones al sesionar durante dos semanas sin que se expidieran las credenciales que certificaban su elección.
Los hechos que dieron pie a la investigación, datan de enero de 2016 cuando los concejales mencionados decidieron reunirse a deliberar ante el vacío de poder que se presentó tras la demanda que interpuso un candidato a la Asamblea y que impidió la posesión del alcalde Julián Latorre, los 17 concejales y la Duma Departamental.

Es una persecución

El concejal de Buga Gabriel Fontal Grisales considera que este proceso que se abre no es otra cosa que una sistemática persecución política y aseguró que la decisión de reunirse en enero de 2016 se tomó al tenor del artículo 35 del Decreto 782 de 2002 que estableció que en caso de presentarse una situación como la vivida en el periodo señalado, cuando la Ciudad Señora se quedó sin alcalde y sin concejo, alguna autoridad debería asumir el control.

Por su parte el concejal, Carlos Alberto Londoño, dijo que el proceso que se inicia en contra suya y la de sus compañeros es el resultado de presiones políticas ejercidas por quienes ostentan el poder en la localidad.
“No nos pueden señalar de usurpación de funciones o que hayamos suplantado a alguien pues en ese momento el periodo había terminado y en este aspecto es clara la Ley 4 de 1913 que nos facultó en ese momento” dijo Londoño.

Agregó que si bien ellos se reunieron, no expidieron acto alguno, no devengaron honorarios ni tomaron decisiones que corroboren o comprueben alguna acción ilegal.
“Es claro que en este caso se quiere silenciar la oposición y no es coincidencia que entre los investigados estemos dos precandidatos a la alcaldía y que daremos la batalla para arrebatarle el poder a los corruptos que han desangrado el fisco” apuntó finalmente el concejal Fontal Grisales.

También te puede interesar:   Megacolegio es una realidad, la obra fue socializada ante la comunidad
Compartir: