Cuando un ciudadano sea retenido con más de la dosis permitida, será judicializado por las autoridades por microtráfico.

Desde la próxima semana la Fuerza Pública del país estará facultada para decomisar, sin ningún atenuante, cualquier cantidad de drogas alucinógenas que encuentre en sitios públicos e imponer una multa de $ 208.000 al infractor. Esta medida aplica para todas las localidades del país, incluida Tuluá.

Así se desprende del anuncio del presidente Iván Duque Márquez, a su regreso de Estados Unidos tras participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se debatió ampliamente el tema del narcotráfico y los cultivos ilícitos.
La medida, de acuerdo con lo anunciado por el mismo mandatario nacional, se tomó para complementar el Código Nacional de Policía y Convivencia que entró en pleno vigor el 30 de enero de 2017.

Inicialmente el presidente había anunciado que el Decreto mediante el cual otorga facultades a la Policía Nacional para decomisar la dosis mínima sería firmado ayer viernes pero, tras su regreso de Nueva York, decidió aplazarlo.
“Yo estaba esperando firmar el Decreto el viernes de esta semana, pero quiero que nos acompañen algunos dirigentes departamentales y municipales, y eso hace que se aplace unos días más, será la próxima semana”, aseguró el mandatario.
Según el mayor Julio Fernando Mora Escobar, comandante de la Estación de Policía Tuluá, la institución ya recibió las instrucciones respectivas de parte de la Presidencia de la República, por lo que en la ciudad la medida se viene aplicando desde hace aproximadamente dos semanas.

«Las instrucciones que tenemos es no atacar el consumidor sino incautar la droga que hallemos en cualquier espacio público y se expide un comparendo pero esto no significa que la persona se esté judicializando si no sobrepasa la dosis mínima» precisó el oficial.

Agregó que para ello se está aplicando el artículo 140, en sus numerales 7 que prohibe consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente, y el 8 que establece prohibición de porte de sustancias sicoactivas en los mismos sitios señalados en el artículo anterior. Gaviria Díaz, mediante la Sentencia C-221 de mayo de 1994, había avalado la dosis mínima que quedó en un gramo de cocaína o sus derivados y 20 gramos de marihuana aunque se aclaró que estas sustancias no podrían ser usadas en sitios públicos.

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