“…Todas las personas que caen en este pernicioso vicio son de difícil recuperación y el sufrimiento de sus padres y madres de familia son infinitos…”.

El anuncio del presidente Iván Duque Márquez sobre el decomiso de la dosis mínima de alucinógenos, si las personas no presentan la debida justificación médica, nos parece la más acertada para contrarrestar el crecimiento desmesurado de su consumo entre la población más joven de colombianos, tal como se ha comprobado desde su aprobación en otra legislatura, lo cual ha conducido a inundar las calles de adictos a quienes la Policía no les puede hacer ninguna clase de requerimiento puesto que se considera legal el porte para el uso personal.

Muchos problemas ha creado esta permisividad en aras del libre desarrollo de la personalidad ya que estamos viendo el auge de la inseguridad en parques, centros comerciales y demás sitios públicos, porque para nadie es un secreto que han crecido considerablemente las redes de microtráfico, trayendo como consecuencia la violencia desatada en los centros urbanos en donde se presume se pelean rutas y distribución de estupefacientes, afectando especialmente la juventud.

Lo que es mucho más grave es que las instituciones educativas se han visto afectadas altamente por este fenómeno y aún el Estado no ha podido solucionar de fondo por tratarse de un problema sumamente complejo, difícil y alarmante, toda vez que tanto el cultivo de coca como de marihuana se ha incrementado ostensiblemente en el territorio. Y ya se conocen gravísimos problemas en varios países donde han optado por la libertad en el consumo de estupefacientes y están viendo con estupor y asombro que su población adolescente se está convirtiendo en zombie que camina por las calles y avenidas sin ton ni son, sin ningún sentido de la vida, perdida en la droga en sus cientos de presentaciones.

Esta penosa situación no la podríamos aceptar para ningún niño, adolescente y adulto de nuestro país en aras de una falsa justificación basada más en la moda extranjerizante que se quiere imponer en la sociedad colombiana. Es bien conocido que todas las personas que caen en este pernicioso vicio son de difícil recuperación y el sufrimiento de sus padres y madres de familia son infinitos ya que lentamente pierden la fuerza de voluntad para adelantar el más mínimo trabajo y reincorporarse activamente a la sociedad.

Creemos que la medida en caso de ser aprobada por el Congreso, debe ir acompañada de otros instrumentos legales que apoyen la lucha contra este flagelo que azota el país y puede ser el comienzo para prohibir la dosis mínima y al mismo tiempo hacer el máximo esfuerzo para formular medidas preventivas que eviten e impidan caer en esta situación muy grave y en últimas mortal. Es preciso accionar todos los mecanismos del Estado en la búsqueda de soluciones concretas para detener este flagelo, antes de que sea demasiado tarde

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