Entre los comunicadores tulueños hay consenso en torno al peligroso precedente que se puede sentar si el fallo de la alta Corte queda en firme. Corte Constitucional y Procuraduría General de la Nación tercian en el debate.

“Obligar a un periodista a revelar su fuente no es únicamente violatorio de derechos de la prensa, es una puñalada a la libertad de expresión y a la democracia”. La expresión fue vertida en su columna de la revista Semana por la comunicadora social Ana María Ruiz Perea, en defensa de derecho que asiste a los periodistas para ejercer su profesión.

El hecho viene siendo debatido esta semana tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia en donde se condena a esa revista nacional a revelar las fuentes que sustentaron una nota publicada en el 2013 en la revista Dinero, de su pool de medios, en torno a una investigación que envolvió a una multinacional brasilera y a una exfuncionaria del gobierno nacional.

El artículo fue objeto de una acción de tutela por parte de la ex viceministra de agua, Leyla Rojas, interpuesta ante el Tribunal de Superior de Bogotá, argumentando daños a su patrimonio y buen nombre. La exfuncionaria, al momento de la demanda, fungía como asesora de la empresa CCX de propiedad del magnate brasilero Eike Batista, quien desarrollaba un proyecto carbonífero en La Guajira.

La tutela, negada por el tribunal bogotano y apelada por Semana, pasó en segunda instancia a la Corte Suprema de Justicia que acaba de confirmar el fallo inicial, lo que sienta un precedente que ha sido rechazado en plano por agremiaciones y periodistas independientes.
La decisión fue rebatida por la Corte Constitucional señalando que los comunicadores no están obligados a revelar sus fuentes ni entregar documentos y que los jueces deben proteger y garantizar el secreto profesional que asiste a los periodistas.
Desde los organismos defensores del libre derecho a informar, se recordó el artículo 74 de la Constitución Nacional que establece: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”.

Por su parte el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció su intervención en el caso, indicando que lo hace por tratarse del mandato constitucional de la reserva de la fuente y que esta protección del secreto profesional hace parte de los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

 

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WILLIAM LOAIZA AMADOR
Director Noticiero En Primera Fila

“Es algo nefasto para la sociedad y el mismo ejercicio periodístico. Anhelamos que la Constitución Nacional se preserve y se recuerde que el Artículo 74 de la misma indica que “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”. Yo particularmente jamás, entiéndase bien, jamás he revelado mis fuentes, pase lo que pase y me he visto en riesgos de toda índole”.

 

MARÍA TERESA JARAMILLO NÚÑEZ
Noticias RCN Televisión

“Durante nuestro trabajo periodístico debemos dirigirnos a una fuente para obtener de manera precisa la información que vamos a entregar, esto hace parte de “la verdad y la precisión”. En el caso de la denuncia realizada por Semana se omite por la gravedad de la denuncia y porque al ser publicada es deber de la justicia investigar a las personas involucradas en el caso y no obligar a un medio periodístico a revelar su fuente de información para verificar la veracidad de lo dicho”.

 

NORBEY PALACIO BOLÍVAR
Noticiero Alerta Valle del Cauca

“La Constitución es norma de normas o Ley de Leyes y bajo ese precepto nos hemos regido siempre. No pueden entonces ni los tribunales, ni el Consejo de Estado y tampoco la Corte Suprema de Justicia, en un acto revanchista por el decisivo papel jugado por los periodistas en las denuncias contra los magistrados por hechos de corrupción, pretender cercenar un derecho constitucional acabando de un tajo con la más eficaz herramienta en la lucha contra la corrupción: La libertad de prensa”.

 

JESÚS SALCEDO USMA
Director revista No hay duda

“El periodista Javier Darío Restrepo afirmó en una ocasión que en Colombia no existe libertad de prensa sino gobiernos complacientes y ahora la Corte Suprema de Justicia pretende violar el secreto profesional consignado en los artículos 73 y 74 de la Constitución, que protege las fuentes de información. El caso último de la discordia se relaciona con una información entregada por la revista Dinero  cuestionando las inversiones en Colombia de un multimillonario brasileño”.

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