La meta era lograr, al menos, que 12.140.342 personas participaran en la consulta anticorrupción de este domingo. Aunque la votación efectiva se acercó más de lo que sugerían los análisis más reservados, no fue suficiente para hacer vinculante el triunfo del sí en este mecanismo anticorrupción.

Con el 96,79 por ciento de mesas informadas, la pregunta que más votos válidos obtenía era la segunda. Pero los 11.104.867 tarjetones depositados no alcanzaban: la consulta se cayó.

El umbral de participación es la tercera parte del censo electoral, es decir, el 33,33 % de la totalidad de personas que están habilitadas para ejercer su derecho al voto en el país o en el exterior. Sin cumplir este, ninguna consulta popular puede convertirse en mandato.

Esto significa que, a pesar de que más del 99 por ciento de los votantes dijo sí a las siete preguntas –siete veces sí, como rezaba el eslogan de los comités promotores–, su opinión no puede ser considerada obligatoria, al menos desde el punto de vista legal, puesto que desde el punto de vista simbólico es una votación importante.

La razón de la tercera parte del censo electoral como mínimo para que una consulta popular sea aprobada es evitar que decisiones de fondo sean tomadas por minorías. Por eso, en estos mecanismos, la abstención es considerada como una forma de participación.

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