“…es un acto de irrespeto con las personas que sí se someten a las reglas, que obtienen los permisos y las licencias…”.

La Constitución Política de Colombia es la ley superior, es la norma de donde derivan y a la cual están sujetas todas las reglas que rigen el comportamiento de las personas en la sociedad. Aun los ciudadanos que se postulan para cargos públicos están sujetos a su acatamiento, eso es lo que caracteriza una sociedad organizada y la diferencia de una sociedad de bárbaros. Esta norma superior establece en nuestro país que cuando los empleados públicos profieren una decisión que beneficia a un particular, esta decisión conocida como un acto administrativo, jamás puede ser revocado por esa administración, por ese empleado o su superior sin el consentimiento expreso y escrito del ciudadano beneficiario del acto o decisión.

Desconocer principios tan básicos del derecho como este, por parte de los empleados públicos, no solo desconoce la democracia que llevamos más de dos siglos construyendo si no que se constituye en un acto de irrespeto con las personas que sí se someten a las reglas, que obtienen los permisos y las licencias, que cumplen engorrosos trámites para hacer todo conforme a las reglas de juego. Cuando se pretende abusar de una investidura publica para atropellar a los administrados, ya sea imponiendo decisiones arbitrarias o beneficiando a unos pocos, en contra del derecho de la mayoría se está frente a actos delictivos, a conductas que violentan ese ordenamiento que nos hace ser una sociedad.

Cuando los gobernantes son candidatos y se inscriben cumplen una serie de requisitos que están en la ley, una vez son elegidos lo primero que tienen que hacer antes de tomar posesión del cargo es juramentar que se cumplirá la Constitución y la ley. No tiene sentido que, una vez posesionados, se desconozcan esas reglas de juego que les permiten ostentar ese cargo; después de posesionados salir a desconocer esas normas, a hacerles el esguince, a buscarles el quiebre es lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad. Cuando los gobernantes actúan de forma violatoria del ordenamiento jurídico no solo atropellan a los gobernados, crean desigualdad en la sociedad al pretender beneficiar a unos pocos por encima de los derechos de todos, lo más grave es que con su actuar causan daños a los sagrados recursos públicos, pues después de las decisiones arbitrarias, de las obras sin diseños ni estudios, sin acatamiento de la ley, se vienen las justas demandas de los ciudadanos afectados reclamando indemnizaciones que deben ser pagadas con el dinero de todos.

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