“…En buena hora la segunda instancia de la procuraduría corrige esos irregulares fallos…”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha ratificado al Estado colombiano que en las democracias no es posible que los servidores públicos que han sido elegidos por el voto de los ciudadanos sean separados de sus cargos por decisiones de autoridades administrativas, es decir por organismos como las procuradurías y contralorías; sí pueden ser separados por los funcionarios judiciales, jueces penales.

El pronunciamiento lo realizó para el caso del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, decisión que en virtud del Art. 93 de la Constitución debe ser acatado por el Estado y modificar mediante ley de la república las funciones de las autoridades administrativas de control. En otras palabras las procuradurías tienen algunas funciones que están vulnerando preceptos del Derecho Internacional Humanitario. La situación se complica cuando los operadores disciplinarios carecen de la suficiente formación jurídica y profieren decisiones abiertamente contrarias a derecho que se aproximan a conductas dolosas; tal es el caso reciente de seis de los concejales del municipio de Riofrio, donde la procuraduría provincial los había suspendido por ocho meses en el ejercicio de sus funciones en un fallo lleno de irregularidades y que fue apelado en su momento por los implicados.

Hoy la misma procuraduría en última instancia reconoce una serie de errores que vulneraron los derechos de defensa y contradicción de los concejales investigados. En uno de sus apartes manifiesta “cabe preguntarse si por parte del funcionario instructor se constató que estaba demostrada objetivamente la falta o existían razones que justifiquen para la época de los hechos, la no elección del personero municipal de Riofrío-Valle en la fecha 10 de Enero de 2016, cuando al proceso ni siquiera se había ordenado allegar la copia del convenio efectuado por el concejo de Riofrío con la ESAP para efectos del concurso de méritos, que diera luces frente a quien debía verificar, resolver o pronunciarse frente a la existencia de inhabilidades de alguno de los candidatos…” Esta afirmación es solo una de muchas que se le hace al irregular fallo en contra de los concejales de Riofrío. También se les desconoció los argumentos de la defensa, aparecieron pruebas por fuera del debido proceso, no se contempló la ley vigente sobre elección de personeros, se permitió la actuación de personas extrañas al proceso en contra de los concejales etc. En buena hora la segunda instancia de la procuraduría corrige esos irregulares fallos que ponen en duda la credibilidad en esa institución.

También te puede interesar:   Uceva y mineducación alarma
Compartir: